La Alianza internacional ha decidido hacer de la defensa de los derechos de las mujeres una de sus prioridades.
Todas las mujeres del mundo tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o ex parejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo sin coacción ni presiones. Tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello.
La violencia contra las mujeres suele prosperar debido a la inexistencia de leyes adecuadas, a la dificultad de las víctimas para acceder a la justicia o a la falta de acción por parte de los poderes públicos, que toleran la banalización de la violencia
La Alianza internacional sin fronteras por los derechos y las libertades ha convertido la protección de los derechos de las personas migrantes en una prioridad, a través de las denuncias al fracaso de la política migratoria.
Las personas migrantes representan 3,2% de la población mundial, en España viven, según publica la ONU, 6.104.203 de inmigrantes, lo que supone un 12,9% de la población de España. La inmigración femenina es superior a la masculina, con 3.190.456 mujeres, lo que supone el 52.26% del total de inmigrantes, frente a los 2.913.747 de inmigrantes varones, que son el 47.73%.
Esta cifra tiene en cuenta tanto a los refugiados y refugiadas que huyen de persecuciones o a causa del temor a las persecuciones, o a quienes salen de su país en busca de trabajo.
Los países del norte siguen estando obsesionados por el temor a la ``invasión`` de migrantes pobres provenientes del sur. Como consecuencia, la vulnerabilidad de las personas migrantes se agrava con el creciente refuerzo de las políticas de seguridad de control de las migraciones.
Durante los dos últimos años, ha aumentado drásticamente el número de jóvenes extutelados que, al cumplir la mayoría de edad se ven en la obligación de vivir en situación de calle sin techo bajo el que cobijarse, sin recursos para subsistir a sus necesidades y sin expectativas de integración de índole social o laboral. Dicha situación empeoró con las consecuencias derivadas de la Covid-19 lo que se tradujo en un aumento de casos de ocupación de viviendas.
La Alianza internacional sin fronteras por los derechos y las libertades ha puesto en marcha un proyecto muy necesario para Jóvenes ex tutelados y otros colectivos de jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión cuya franja de edad está comprendida entre los 18 y 25 años.
Promover la justicia internacional contra la impunidad de los delitos más graves (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura o secuestros) contribuye a restablecer el respeto de los derechos humanos y de la norma jurídica en la sociedad y a hacer efectivos los derechos de las víctimas. La Alianza internacional interviene ante los tribunales nacionales, incluso en la aplicación de la competencia extraterritorial o universal de los Estados.